El aborto: otra vez la doble moral
EMILIA VÁZQUEZ En las últimas semanas hemos asistido a una nueva ofensiva de grupos antiabortistas que, convertidos en controladores de los derechos ajenos, en este caso del derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, no dudan en insultar y golpear, en manipular y falsear los datos de la realidad del aborto en el Estado español. Tanta es la inseguridad, el temor y el acoso al que se ven sometidos los profesionales que trabajan en la clínicas facultadas para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo, que no han dudado en ponerse en huelga para reclamar una mayor seguridad jurídica para ellos y para las mujeres que, en el ejercicio de un derecho reconocido por ley, deciden abortar.
Cuando en el año 1985 y después de un largo camino de lucha y concienciación social por parte del movimiento feminista se consiguió la despenalización del aborto, desde algunos grupos ya denunciamos la arbitrariedad que suponía regular un derecho desde el Código Penal, y no desde una auténtica ley garantista que es como han de reconocerse los derechos. Este derecho quedó pues, regulado en base a tres supuestos: violación denunciada, graves taras físicas o psíquicas del feto, con el dictamen previo de dos especialistas, y grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre.En los dos primeros supuestos hay plazos para practicar la intervención, y ahí empiezan las dificultades, ya que dada la complejidad de algunas pruebas y la dificultad de determinar algunas malformaciones, no siempre es posible cumplir con los plazos establecidos. No obstante, hay que decir, en honor a la verdad, que frente a informaciones sensacionalistas que hablan de abortos a los 8 meses y otras supuestas atrocidades, casi el 90% de los abortos que se practican ocurre dentro de las 12 semanas previstas por la ley y sólo un 2% corresponde a embarazos de más de 20 semanas. Y esto es así porque nadie en su sano juicio puede pensar que una mujer que haya decidido interrumpir su embarazo va a esperar voluntariamente tanto tiempo con los consiguientes riesgos físicos y psicológicos que tal espera comporta.Pero donde sin duda está el auténtico caballo de batalla es en el tercer supuesto, el del grave peligro para la madre, para el que la ley no establece plazo de gestación, ya que es el que más abortos cubre y en el que caben múltiples interpretaciones, lo que lleva a la mayor inseguridad jurídica tanto a los facultativos que han de dictaminar como a las mujeres que han de someterse al juicio. Véase si no lo que ha ocurrido en las clínicas de Madrid y Barcelona con los psiquiatras y otros profesionales encargados de elaborar dichos dictámenes.
El resultado conjunto de la ambigüedad de la ley por un lado y de la fuerte campaña de los grupos antiabortistas, comandados por la jerarquía de la Iglesia católica y ayudados por algunos medios de comunicación por otro, es la vuelta a la inseguridad y al miedo. Inseguridad para las clínicas privadas autorizadas, que son las que realizan más del 96% de los abortos que se practican en el Estado español, ya que la sanidad pública está llena de objetores por unas y otras razones y apenas realiza un 3% de las intervenciones y no en todas las comunidades autónomas. Y miedo para las mujeres que ante el temor a verse perseguidas y encarceladas pueden sentir la tentación de volver a épocas anteriores donde la práctica del aborto, forzosamente clandestino, quedaba en manos de personas más o menos adecuadas, pero en cualquier caso carentes de la seguridad que proporciona una clínica y un personal cualificado.
Y todo este panorama surge, y hay que pensar que no por casualidad, en un momento preelectoral en el que la jerarquía de la Iglesia católica ha emprendido una ofensiva contra todas aquellas leyes que amparan los derechos y libertades de las personas al margen de su credo e ideología, como no puede ser de otra manera en un Estado no confesional, y de un Partido Popular que se apresta a asentir a los desatinos de dicha jerarquía en su afán de ganar votos de donde sea y seguir defendiendo los privilegios de algunos a costa del bienestar de la mayoría.
Por su parte, el PSOE, también imbuido del llamado centrismo electoral, nos ha sorprendido a todas hablando de reflexiones serenas y de amplio consenso social. Dado que el Gobierno de Zapatero tenía en su programa electoral como asunto prioritario la reforma de la ley del Aborto, no podemos menos de preguntarnos acerca del contenido de dicha reflexión, sobre todo si tenemos en cuenta que, en el anterior período con un Gobierno del PP, el Partido Socialista ya había presentado en el Parlamento español un proyecto de reforma perfectamente reflexionado y elaborado que no consiguió los votos suficientes para su aprobación, entre otras razones por ausencia de algunos diputados socialistas. ¿Tendría esta reforma menos consenso social que la llamada ley del matrimonio homosexual aprobada hace ya más de un año sin que la ciudadanía, la familia y demás instituciones hayan sufrido ningún percance?
Desde IU y en concordancia con la mayoría del movimiento feminista hemos defendido y seguimos defendiendo que desaparezca el aborto del Código Penal y se apruebe una ley de plazos que acabe con todo tipo de interpretaciones subjetivas y de indefensiones sobrevenidas. En sintonía con lo que ocurre en la mayoría de los países de «nuestro entorno» (léase Alemania, Francia, Austria, PortugalÉ), a los que tanto se alude cuando interesa, proponemos una ley que contemple el aborto libre, es decir, sin ningún tipo de supuestos, dentro de un período razonable y manteniendo la posibilidad de hacerlo posteriormente cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, estableciéndose los plazos adecuados para ello. Asimismo dicha ley ha de garantizar que la intervención pueda ser llevada a cabo en la sanidad pública y gratuitamente.
Lo hemos dicho muchas veces, aunque nunca parece suficiente, para la mujer el aborto no es una opción deseada, sino una necesidad a menudo derivada de la carencia de otros recursos económicos, sociales, sanitarios, educativos: una auténtica educación afectivo-sexual insertada en el sistema educativo ayudaría posiblemente a reducir el número de abortos entre las jóvenes. La exigencia de planes que caminen en esas direcciones es la mejor garantía de que se defiende la vida en toda condición y circunstancia.
Emilia Vázquez es secretaria de la mujer de IU Asturias.
